Evaluación de impactos ambientales para proyectos... sin evaluación ambiental

El SEIA, como garantía para la aprobación de proyectos de alto impacto ambiental, sin evaluación ambiental

Por: M. Paz Villalobos  2011

Para: Borde Costero en Chile ¿Sostenible?

La aprobación de Hidroaysén, bajo las condiciones en que fue realizada, demuestra una vez mas, que Chile no sabe administrar sus recursos naturales, que el nuevo gobierno en realidad, como selecto grupo de empresarios, no tiene capacidades para administrar un estado, manipulando la Constitución de Chile y los poderes estatales en favor de sus intereses privados bajo amenazas públicas infundadas y del todo falsas, como lo ha sido la campaña del terror o del “apagón”, organizada por el Sr. Piñera y su administración frente al futuro energético de nuestro país.

Hoy, el patrón de uso de la legislación ambiental, es el mismo que el usado por las administraciones anteriores, es decir, la transformación de las decisiones en montos para la compra de conciencias, la invalidación de la participación ciudadana y la consulta indígena, la manipulación de los informes técnicos, el intervencionismo político por conflictos de interés directos y la nula evaluación de impactos ambientales, entre otros. En torno a los conflictos socio-ambientales que genera este procedimiento, la respuesta del estado es la que vemos hoy en televisión, represión masiva, y oídos sordos, resultando en una estrategia sistemática que logra la aprobación de los proyectos que el pueblo de Chile, rechaza para su desarrollo. La concertación de partidos por la democracia trabajó veinte años para esto, perpetuar la herencia de la dictadura en democracia.

Lo que vivimos con las decisiones políticas autoritaristas de aprobación de Hidroaysén, Barrancones, Castilla, Pascua Lama, Celco (Arauco), y otros tantos destacables proyectos de vulneración de nuestra soberanía como pueblo, no es sino un golpe de estado a nuestra escasa democracia y la vulneración de nuestros derechos ciudadanos, garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Constitución Política del Estado de Chile. Como profesional del área de las ciencias del mar, he apoyado el proceso de resistencia que llevan las comunidades mapuche lafkenche del territorio de Valdivia, en contra del proyecto de Arauco de instalar un ducto de evacuación de riles al mar de Mehuin. Desde esta experiencia de trabajo hemos conocido en detalle el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sus alcances y sus vicios.

Una vez que el proyecto de Arauco inició su tramitación al interior del SEIA, utilizamos toda la “institucionalidad ambiental disponible”, las comunidades buscaron participar de manera íntegra de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, en la evaluación del proyecto porque existe una duda razonable sobre la efectiva ejecución de los estudios que presentó Arauco para su evaluación, pero no fueron atendidos por las autoridades ambientales ni marítimas. Buscaron también, proteger los derechos consuetudinarios que otorga la ley lafkenche a través de espacios costeros, pues Arauco solicita concesiones marítimas en un lugar sagrado y solicitado por comunidades lafkenche, al amparo de esta ley. En el mismo espacio existen áreas de manejo para la explotación de recursos marinos, razón por la cual también solicitaron la revisión de la resolución ambiental aprobatoria pues la concesión solicitada por Arauco, se trazó en medio de un área de manejo. Las comunidades buscaron también proteger los recursos marinos de la contaminación pues mas del 40% de los recursos pesqueros de la región, se reproducen en este lugar. Todos conocemos los desastres ambientales del Golfo de Arauco, río Mataquito y río Cruces, no existe duda respecto de los impactos ambientales de este tipo de proyectos.

Sin embargo, cuando hablamos de un proyecto que atenta irreversiblemente contra la vida y el desarrollo rural de mas de 500 personas que viven en ese sector; que atenta contra la biodiversidad y calidad ambiental con la evacuación de 80 toneladas diarias de un caldo de cultivo altamente tóxico; un proyecto que ha promovido y financiado la violencia y el quiebre del tejido social de una región completa, vemos hoy, como ayer, que administrativa, jurídica, técnica y moralmente, en Chile no tenemos herramientas para discutir sobre impactos ambientales, sobre bienestar social, desarrollo ni sobre protección al patrimonio sociocultural y ambiental, sino solo existen herramientas para evaluar impactos económicos y políticos de proyectos inmorales en un país administrado por personas que no conocen el significado ni los alcances de la palabra “democracia”.

El SEIA no evalúa impactos ambientales. Revisa y evalúa si los contenidos de los estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados, se ajustan o no a la normativa interna. El SEIA no evalúa ni fiscaliza los protocolos o procedimientos de toma de muestras ni las metodologías aplicadas para la obtención de los antecedentes que contiene un EIA, al asumir la buena fé del titular de un proyecto. El SEIA evalúa medidas económicas compensatorias, mitigatorias y reparatorias en caso de eventuales impactos. El SEIA no vincula ni valida la participación ciudadana, la cual se compone de científicos altamente capacitados, universidades, institutos técnicos, ONG’s y ciudadanos directamente afectados. El SEIA vulnera los derechos que tienen los pueblos originarios a ser consultados sobre proyectos pretendidos sobre sus territorios, a través del D.S. Nº 124/09. El carácter consultivo de las evaluaciones técnicas en la calificación final y la falta de personas preparadas técnicamente en la mesa de votación (compuesta por políticos de confianza del presidente y sus ministros), evidencia por sí mismo, que el SEIA no vincula las evaluaciones técnicas de los servicios públicos competentes y por tanto no contiene la capacidad en sí mismo, de predecir y evaluar impactos ambientales de megaproyectos industriales. El SEIA no responde a los requerimientos internacionales a los que Chile se ha suscrito para proteger el patrimonio cultural y ambiental de este país. EL SEIA en sí mismo es una evidencia de la falta de probidad administrativa, de la validación de conflictos de interés entre privados, de la vulneración de nuestros derechos ciudadanos de participación en la toma de decisiones que nos afectan directamente, de la nula capacidad de las altas autoridades del estado en cuestiones de carácter técnico, científico, sociocultural, democrático, ético y moral.

Para nosotros, en Valdivia el análisis de los resultados del trabajo en la utilización de todos los mecanismos legales disponibles por la normativa chilena para la evaluación ambiental del proyecto de Arauco, indica (i) la nula capacidad de este sistema de evaluar técnicamente los impactos ambientales de este proyecto en particular, (ii) la desvinculación de las normativas entre sí mismas en los análisis sectoriales, sociales y ambientales y (iii) la negación de la participación ciudadana efectiva y consulta indígena. Cambió la legislación, se reformó el SEIA, se crearon instituciones estatales, un Ministerio, una Secretaría, las comisiones de evaluación disminuyeron sus participantes… ¿para qué? Para perpetuar las palabras de Frei y Lagos sobre que “el SEIA no fue creado para rechazar proyectos”, “ningún proyecto industrial será detenido ni rechazado por consideraciones ambientales”. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Esto, una monstruosa cantidad de proyectos energéticos industriales contaminantes y de alto impacto, aprobados sin evaluación ambiental ni social, sino solo con la evaluación económica de los grupos empresariales que con migajas siguen vulnerando nuestros derechos, y la evaluación política de un conglomerado político débil en su discurso y su actuar que dejó el camino pavimentado para que sus patrones, el nuevo conglomerado político, también débil, se siente encima de nuestros derechos para promover un sistema económico en decadencia a fin de garantizar el aumento exponencial en el tiempo de sus cuentas bancarias.